OPINIÓN | Proyecto de Ley Cierre Termoeléctricas a Carbón: El primer paso para avanzar en una transición justa y con perspectiva intergeneracional

OPINIÓN | Proyecto de Ley Cierre Termoeléctricas a Carbón: El primer paso para avanzar en una transición justa y con perspectiva intergeneracional

Si bien la descarbonización acelerada está dentro de los planes y compromisos de Chile para enfrentar la crisis climática, el plan del ejecutivo se basa en acuerdos no vinculantes con las generadoras sin un cronograma de cierre establecido. En este contexto, llama la atención que el único proyecto que se hace cargo de adelantar el cierre y avanzar hacia una transición energética con criterios de justicia ambiental y territorial, no cuente con el apoyo del ejecutivo planteando la urgencia para su tramitación.

Si bien la descarbonización acelerada está dentro de los planes y compromisos de Chile para enfrentar la crisis climática, el plan del ejecutivo se basa en acuerdos no vinculantes con las generadoras sin un cronograma de cierre establecido. En este contexto, llama la atención que el único proyecto que se hace cargo de adelantar el cierre y avanzar hacia una transición energética con criterios de justicia ambiental y territorial, no cuente con el apoyo del ejecutivo planteando la urgencia para su tramitación.

El 9 de enero del año 2020, un grupo de diputados junto a organizaciones de la sociedad civil presentaron un proyecto de ley para prohibir el funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en nuestro país y poner fecha al cierre definitivo a estas. La moción indica el 31 de diciembre de 2025 como la fecha para que dicha ley comience a regir, respecto de todas aquellas termoeléctricas que tengan menos de 30 años de antigüedad, y de forma inmediata para todas aquellas más antiguas. El 26 de mayo pasado, la comisión de medio ambiente de la Cámara de diputados aprobó en particular el proyecto, considerando las indicaciones presentadas, por lo que el siguiente trámite constitucional es realizar la votación en sala, para luego pasar al Senado.

Este es el primer avance legislativo en más de un año de tramitación y si bien, gracias al trabajo y presión de diversos actores sociales, este proyecto ha avanzado relativamente “rápido” (recordemos que las leyes vinculadas a temas ambientales demoran aproximadamente 10 años en ser tramitadas, un ejemplo de esto es la Ley SBAP o la Reforma al Código de aguas, ambas con cerca de 10 años en el Congreso) aún no es lo suficiente para hacer frente ni a la crisis climática actual ni a las necesidades de las comunidades que hoy ven su calidad de vida profundamente afectada por el funcionamiento de estas.

Y es que las centrales termoeléctricas a carbón no solo contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), sino además producen nocivos efectos en la salud de quienes habitan alrededor de estas y también en el entorno natural, contaminando los suelos y el agua. Aquello ha generado zonas de sacrificio ambiental, donde las comunidades asumen todos los costos en la generación de energía fósil.

Si bien la descarbonización acelerada está dentro de los planes y compromisos de Chile para enfrentar la crisis climática, el plan del ejecutivo se basa en acuerdos no vinculantes con las generadoras sin un cronograma de cierre establecido. En este contexto, llama la atención que el único proyecto que se hace cargo de adelantar el cierre y avanzar hacia una transición energética con criterios de justicia ambiental y territorial, no cuente con el apoyo del ejecutivo planteando la urgencia para su tramitación.

El avance del proyecto en el trámite legislativo es una buena noticia, claro está. Sin embargo, nos preguntamos ¿Existirá la voluntad política para acelerar el proceso a la velocidad que las comunidades afectadas necesitan? y si es que existe ¿Hasta dónde llegará esta voluntad?

“Ya no queda tiempo” es la consigna que miles de jóvenes alrededor del mundo han levantado interpelando a sus gobernantes a tomar acción. Postergar 20 años más el cierre de las centrales a carbón es condenar a 20 años de contaminación, enfermedades y deterioro ambiental a las comunidades, en especial a NNA y mujeres, grupos especialmente afectados por los eventos de intoxicación masiva en las zonas de sacrificio.

Es necesario que este proyecto se tramite con la mayor rapidez posible entendiendo que de esta manera no solo avanzamos en el proceso de descarbonización en sí, sino que además en justicia ambiental e intergeneracional, cortando de una vez la cadena de contaminación a la que hoy condenamos a miles de habitantes de nuestro país.

Este es un primer y necesario paso junto con implementar políticas de reparación y remediación ambiental y social en las zonas afectadas. Una transición energética justa es la siguiente, en la cual sean las comunidades las protagonistas de las decisiones sobre su vida y territorio.

Por: Javiera Lecourt, Directora Ejecutiva CEUS Chile / Mariana Cruz, Encargada Seguimiento Legislativo CEUS Chile

Fuente: El Desconcierto

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